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¿Qué medidas se tomarán contra los desahucios con la nueva ley de la vivienda?

Desde que se aprobó la nueva Ley de Vivienda, se han producido cambios significativos en el procedimiento de desahucio. Esta legislación tiene como objetivo crear un marco legal más justo y protector para todas las partes involucradas en los procedimientos de desalojo. Se han establecido medidas y requisitos específicos que los propietarios deben cumplir durante todo el proceso para proteger el derecho a la vivienda y garantizar una mayor seguridad jurídica.

En Finques Rambles te explicamos las principales medidas que van a tomarse con respecto a los desahucios con la nueva normativa.

Se establece un procedimiento legal para desalojar a un inquilino, donde los propietarios deben seguir estos pasos principales:

➔ Demanda de desahucio y justificación: el propietario está obligado a presentar una demanda de desahucio en la que debe explicar si los ocupantes están utilizando la propiedad como su residencia principal. Adicionalmente, será necesario indicar la fecha y hora de lanzamiento.
➔ Fijación de la fecha de lanzamiento: las administraciones públicas responsables serán las encargadas de hacerlo para medir la vulnerabilidad de los ocupantes, una decisión que no requerirá el permiso de las partes.
➔ El demandante, o el propietario, tiene el deber de revelar si la residencia ocupada es la residencia principal del ocupante y si se le considera un gran tenedor de viviendas. Se necesita presentar un certificado del Registro de la Propiedad para probar esta información. También debe demostrar la vulnerabilidad financiera del ocupante si es un gran tenedor.
➔ Sistema de decisión y suspensión: se ha establecido un sistema por el cual el juzgado considerará la suspensión del proceso de desalojo. En lugar de la suspensión automática actual, esta evaluación se realizará teniendo en cuenta las particularidades del caso.
➔ Ampliación de los plazos de suspensión: se amplían los plazos de suspensión de los procesos de desahucio. Ahora, el plazo es de dos meses para personas físicas y de cuatro meses para personas jurídicas. Ambos plazos eran anteriormente de un mes y de tres meses.

Estos procedimientos y consideraciones legales están destinados a garantizar un proceso justo y equitativo tanto para los propietarios como para los ocupantes. Para garantizar que se respeten sus derechos y obligaciones, es crucial que ambas partes cumplan con las disposiciones legales pertinentes y, en caso de disputa, busquen asesoría legal de un abogado experto en desahucios.

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